La violencia de género es el más universal y uno de los más graves problemas que padecen las mujeres en el mundo, afectando a todos los países y a todas las culturas. Es uno de los principales motivos de malestar y sufrimiento no sólo de las mujeres, también de sus familias, especialmente de sus menores, en el caso de que los haya, por su mayor vulnerabilidad. Ha sido recientemente cuando ha dejado de considerarse un asunto privado, circunscrito a la relación de pareja y recluido muchas veces tras las paredes del hogar, reconociéndolo como una cuestión pública, un problema de derechos humanos, obligando al Estado y sus instituciones a intervenir para garantizarlos. Nuestro país cuenta desde el año 2004 con una de las legislaciones más avanzadas en el mundo, junto con la Ley María de Brasil del año 2006 y la Ley contra la Violencia Doméstica de Mongolia del 2004. La Ley de medidas para la protección integral contra la violencia de género, aprobada por unanimidad en el Parlamento Español el 28 de diciembre de 2004, realiza un diagnóstico preciso de las causas que generan esta violencia, identificando en la raíz de la misma la desigual socialización de hombres y mujeres, proponiendo intervenciones en los distintos espacios donde ésta se genera y reproduce, además de las necesarias actuaciones en el campo de la protección policial, jurídica y social.

Entre los numerosos recursos creados desde la aprobación de la Ley Integral se encuentran las Unidades de Violencia contra la mujer, en todas las Subdelegaciones del Gobierno de España. Desde mi experiencia al frente de la de Córdoba escribo estas líneas, refiriéndome exclusivamente a la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito de la relación de pareja o expareja, la abordada por la citada Ley, y no a otros tipos de violencia de género (la mutilación genital, la prostitución, los abusos sexuales..)

Se trata de un fenómeno asociado a los roles sociales de género y a la singular dinámica de las relaciones sentimentales, que se manifiesta como un conflicto interpersonal con fuertes componentes emocionales y actitudinales, porque se produce entre personas que han mantenido una relación sentimental consentida al menos durante un tiempo, que además en muchos casos han convivido, compartido amistades, familia, patrimonio …

Este tipo de violencia es el foco de atención y trabajo de múltiples profesionales. Es una violencia muy especial y distinta de otros tipos de violencia interpersonal en los que la relación agresor-víctima es prácticamente inexistente. Esta especificidad de la VdG es muy relevante para comprenderla, y nos proporciona una de las claves para determinar el elevado riesgo que corren las mujeres, en muchos casos sin saberlo, cuando deciden reanudar la convivencia, o no denunciar, o retractarse, o no declarar… Esto la dota de una enorme complejidad, haciéndola con frecuencia difícilmente comprensible para el entorno cercano de la víctima e incluso para las personas que desde diferentes campos profesionales la abordan: policial, jurídico, asistencial, educativo, mediático. De ahí la necesidad de formación y especialización de los distintos colectivos implicados en su abordaje.

Violencia de género ¿ambiente marginal, de drogadicción, de enfermedad mental?

Son diversas las falsas creencias que existen en torno a la violencia de género, que distorsionan su comprensión y nos alejan de la correcta comprensión de la misma.

El primer mito a desmontar sería la consideración de los maltratadores como enfermos mentales. En un estudio realizado por Miguel Lorente a partir de sentencias dictadas por los tribunales entre 2001 y 2005 en toda España, sólo el 5,44% de los casos sufría alguna alteración psíquica. Es decir, la mayoría es plenamente responsable de sus actos, no son enfermos mentales, aunque la enajenación mental transitoria es un argumento utilizado con frecuencia en su defensa como eximente.

Un segundo mito es el que asocia la violencia de género al consumo de alcohol y otras drogas. En el estudio mencionado sólo se apreció el alcohol o las drogas como atenuantes en el 3,4% de los casos. Lo que sí es cierto es que en más del 80% de las parejas que viven en entornos de drogadicción hay problemas de violencia de género, si bien no podemos darle la vuelta al dato.

Otra falsa creencia es asociar el maltrato a contextos sociales desfavorables, pero lamentablemente nos hallamos ante un fenómeno universal, se da en todos los países, culturas y religiones y en todas las clases sociales. Hay maltratadores trabajadores y en paro, cultos y analfabetos, inteligentes y con poco coeficiente intelectual, ahorradores y ludópatas, con adicciones y sin ellas, en todas las profesiones y en casi todas las edades. No hay fronteras para la Violencia de Género y el único pasaporte válido es el de la igualdad.

No obstante, en ciertos medios las dificultades para salir de este circuito son mayores. Por ejemplo, ocho de cada diez mujeres presas han sido víctimas de violencia machista. El 84% de las mujeres que cumplen condena actualmente en cárceles españolas ha sufrido malos tratos.

Y por último, el gran mito de las denuncias falsas, que tanto daño está haciendo, a pesar de estar constatado que el número de las mismas en violencia de género es incluso inferior al de cualquier otro delito, y no alcanza el 4%. Nos encontramos en este tema con el añadido de las interpretaciones tortuosas de cualquier noticia. Si la prensa publica que el 70% de las sentencias son condenatorias, algún artículo de opinión deducirá que el 30% de las denuncias son falsas, y la falsedad radica en esa conclusión. El dato indica que, en esos casos, el juez o la jueza no considera probado el maltrato; ello suele suceder cuando la mujer, tras interponer la denuncia, decide no declarar en contra de la pareja, o si la denuncia no se hace en el momento de la agresión física, cuando sus secuelas son evidentes, porque estos delitos se cometen en la intimidad del hogar, sin testigos o con personas sin capacidad para testimoniar. Además, un parte médico indica las lesiones que tiene la víctima, pero no quién se las provocó, y ésta muchas veces exculpa al agresor, porque no es un desconocido sino su pareja. La dificultad de la prueba beneficia la impunidad del delito, in dubio pro reo. Mayores dificultades presentan los malos tratos psícológicos, que no cuentan todavía con un buen protocolo para identificarlos.

En el reciente estudio (enero 2010) realizado por profesionales de la Magistratura del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, sólo una de 530 sentencias estudiadas apreció indicios de falsedad. Luego estamos ante una creencia infundada de consecuencias muy negativas: por un lado rebaja el grado de sensibilización conseguido por la sociedad española, tan necesario para acabar con esta lacra, disuadiendo a potenciales agresores y apoyando a las víctimas, y por otro, pueden retraer a éstas a la hora de denunciar su caso, haciéndoles pensar que puede no ser creídas. No deberíamos añadir a su difícil situación, la posible sospecha de que mienten. El sistema judicial está preparado para detectar y perseguir cualquier denuncia falsa.

La violencia de género ¿un maltrato consentido?

Son frecuentes las opiniones que culpan a las mujeres que son maltratadas durante mucho tiempo por no ser capaces de cortar la relación, o de volver una vez y otra con su agresor. Se las considera en parte responsables de ese maltrato, por consentirlo.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género presentó recientemente la primera encuesta sobre la percepción ciudadana acerca de este tema. En ella se recogen los datos de 1.000 entrevistas on-line. De este informe se desprende que un 36,5% de las personas entrevistadas culpa a la mujer de su maltrato por seguir conviviendo con el agresor.

Si nos aproximamos un poco a la realidad de estas mujeres descubriremos muchas respuestas a esta situación, no olvidemos que cada caso es único y que la violencia de género no es una cuestión abstracta sino que se manifiesta en la relación que se establece entre un hombre concreto y una mujer determinada, y por lo tanto cada caso es singular y debe tener un enfoque propio. Por ello, las razones explicativas de esos largos espacios de tiempo, a veces toda una vida, en los que una mujer soporta esos malos tratos son diversas.

Una muy frecuente es que esperan un cambio, cosa que además él promete después de los estallidos de violencia , cuando pide perdón, se arrepiente y se compromete a no volver a llevar a cabo esas conductas, en la fase que se conoce como “luna de miel”. En el caso de que haya hijos o hijas, temen su sufrimiento, piensan que no podrán sacarlos adelante ellas solas, les agobia la responsabilidad, se culpabilizan de romper la familia. No olvidemos que en algunas ocasiones la propia familia la presiona para continuar con la relación.

Si dependen económicamente de la pareja y no cuentan con apoyos familiares, la situación no es fácil, a pesar de las ayudas sociales contempladas por la Ley.

Indudablemente también pesa el temor a una agresión mortal, porque es en los momentos de ruptura cuando se producen muchas de las situaciones de violencia, circunstancia insistentemente recogida por los medios.

Finalmente, lo más importante: el propio estado psicológico de la víctima. Pueden estar incapacitadas psicológicamente para tomar la decisión de no seguir conviviendo con él. En muchas ocasiones se sienten culpables de lo ocurrido, les da vergüenza que se sepa, lo viven como un fracaso personal, se responsabilizan de no haber sabido sacar adelante su proyecto vital más importante, el de su relación de pareja. Tienen la autoestima por el suelo, ya se ha encargado el agresor de minarlas poco a poco, se muestran inseguras, han sufrido muchas humillaciones, se sienten fracasadas. En este ciclo infernal llega un momento en que la mujer está convencida de provocar el maltrato que recibe: “me pegó porque yo lo provoqué”, “si no le hubiera insultado no me habría agredido”, es decir, se responsabilizan de los estallidos de violencia. Se quejan, pero no se sienten víctimas, los vínculos amorosos que la unen al maltratador le impiden tomar conciencia de su situación. Por ello tardan una media de 8-10 años en denunciar, aunque observamos que las jóvenes reaccionan antes.

Una situación así es desesperante para las familias y para las amigas y amigos que no entienden por qué vuelve con él, por qué tolera ese maltrato, por qué no lo denuncia.

Se trata de una modalidad de violencia crónica, cíclica, propia de un agresor poco proclive al cambio de patrones conductuales, que además conoce perfectamente a la víctima, a menudo afectiva y emocionalmente dependiente, y por ello mucho más vulnerable.

Por ello insistimos en la necesaria especialización de los colectivos profesionales. Es necesario que conozcan la realidad de estas relaciones. No podemos olvidar los sentimientos ambivalentes de una mujer maltratada hacia su agresor. Una víctima nunca es culpable de la violencia. La sociedad debe entender la compleja realidad de una persona maltratada, debido a la falta de autoestima, seguridad y el vínculo afectivo con su agresor; pero antes de nada debe entender que no hay excusa para el maltrato y que la víctima no tiene la culpa de recibirlo.

Cada vez que una mujer maltratada solicite apoyo debe percibir claramente que estaremos dispuestos a proporcionárselo, que respetaremos siempre sus decisiones y no la culpabilizaremos por sus indecisiones. No podemos decidir por ella y debemos respetar sus decisiones y sus tiempos.

Magnitud de la VdG

Uno de los obstáculos encontrados es la falta de datos y de registros comunes que nos permitan hacer un estudio comparativo de la violencia de género en el mundo.

La ausencia de estas cifras aboca a muchos países a no tener conciencia de la existencia del problema y de su magnitud. Son muchas las naciones que no ofrecen datos, y no hablamos sólo de África o Asia, tampoco lo hacen Francia, Italia o Grecia en Europa. Otros ofrecen información agregada de violencia en la pareja con la doméstica o familiar, algunos contabilizan los feminicidios.

Una de las propuestas de España durante su Presidencia de la Unión Europea, es la creación de un Observatorio Europeo sobre Violencia de Género, para realizar labores de recopilación y análisis de datos a través de una metodología común, para generar conocimiento sobre las características y la dimensión de la violencia contra las mujeres, así como de las mejores prácticas para erradicarla en el seno de la Unión Europea y ayudar a combatirla más allá de sus fronteras. También propone crear una Euroorden de protección, para garantizar a las víctimas una protección similar en cualquier pais de la Unión y un Teléfono Único Europeo de asesoramiento. En definitiva, se plantea compartir las buenas prácticas y avanzar conjuntamente en la erradicación de esta grave lacra social, a la que se va dando respuesta a medida que se va visibilizando y tomando conciencia de la misma.

En España tenemos datos estadísticos completos desde 2003, ello nos permite seguir la evolución de este fenómeno.

Veamos de forma resumida cuál ha sido el balance de 2009 en nuestro país, en Andalucía y Córdoba. (Fuente: Ministerio de Igualdad y Subdelegación del Gobierno en Córdoba).

Denuncias en España:

Observamos que el número de denuncias fue creciendo desde la entrada en vigor de la Ley en el año 2005, hasta el tercer trimestre de 2008, en el que llegan a registrarse sólo en esos tres meses, 37.239 denuncias. A partir de ese momento comienza a descender manteniéndose la tendencia hasta la fecha. La interpretación de esa evolución queremos hacerla en clave positiva, pensando que desde 2005 hasta 2008 se denunciaron muchos de esos casos de maltrato habitual que persistían en el tiempo. Como ya indicamos la media de tiempo que se tardaba en denunciar estaba entre los 8 y los 10 años, con la excepción de las mujeres jóvenes, que denuncian mucho antes. En ese sentido podemos interpretar que el descenso en el número de denuncias se debe a que ya afloró gran parte del maltrato crónico.

También podríamos hacer una interpretación negativa del dato, que nos llevaría a plantearnos que la reducción del número de denuncias se pueda deber a una pérdida de confianza hacia el sistema.

Denuncias en Córdoba

Nuestra provincia ha seguido la misma tónica que el resto del país. Subida hasta abril de 2008 y a partir de esa fecha comienzan a descender. Todos los meses del 2009, con la excepción de septiembre ofrecen cifras más bajas que 2008.

Los datos de denuncias en Córdoba en el año 2009 son los siguientes:

 1.056 denuncias (media diaria de 2,9)
 Esto supone una reducción de 15,8% respecto a 2008
 Las mujeres bajo orden de protección que han vuelto a denunciar ha bajado al 2,7%.

En relación a las detenciones se han producido:

- 823 detenciones - 232 imputaciones sin detención

Cada caso denunciado tiene un nivel de riesgo determinado, del que dependen las medidas de protección asignadas a cada víctima. En la provincia de Córdoba, a fecha de 31 de diciembre, los niveles de riesgo eran los siguientes:

 55,1% riesgo no apreciado
 29% riesgo bajo
 15,1% riesgo medio
 0,8% riesgo alto

Los casos se distribuyen aproximadamente así: un 50% en la capital y otro 50% en la provincia, acorde con la distribución demográfica.

Los niveles de riesgo se establecen a partir de unos cuestionarios que miden la peligrosidad del agresor y la vulnerabilidad de la víctima. Dichos niveles se revisan periódicamente.

Todo ello se encuentra registrado en una Base de datos conocida como Sistema Integral de Seguimiento de los casos de violencia de género, una herramienta creada a raíz de la aprobación de la Ley y que es el eje vertebrador de toda la información sobre VdG en nuestro país. Su objetivo es lograr la máxima eficacia en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, para ello es necesaria una correcta adopción de esas medidas atendiendo al nivel de riesgo que corre cada mujer.

Homicidios en España 2003 - 2009

Se observa un mantenimiento de una cifra en torno a 70 fallecidas por año, con la excepción de 2005, que presenta una disminución sensible con 57 víctimas, atribuible a la entrada en vigor de la Ley Integral y a la enorme sensibilización social que se produjo en torno a su debate. El año 2009 experimenta también una importante disminución (55 víctimas mortales) que podemos interpretar por el impacto de los planes especiales dirigidos a colectivos más vulnerables, como las extranjeras.

Homicidios antes y después de la entrada en vigor de la Ley Integral

La comparativa entre el número de homicidios antes y después de la entrada en vigor de la Ley Integral presenta un ligero descenso del 8,3%.

Homicidios en España 2008-09

Los homicidios en 2009 respecto a 2008 se han reducido en un 27,6%, apreciándose un descenso mes a mes, con la excepción de mayo en el que aumentó de forma significativa. Destaca que en enero y noviembre de 2009 no se produjo ninguna víctima mortal.

En cambio en Andalucía hemos tenido 14 víctimas, frente a las 9 del año 2008.

Las trágicas cifras en nuestra comunidad son las siguientes; cuatro en Málaga, tres en Almería, dos en Huelva, Granada y Sevilla, una en Córdoba. Cádiz y Jaén no han tenido víctimas mortales.

Homicidios en España 2006-09 según denuncias y medidas de protección

Este indicador es claramente positivo pues hace referencia a la reducción de las agresiones mortales en aquellas mujeres que se han decidido a denunciar y a ponerse bajo la tutela judicial y policial. Desciende el número de fallecidas con denuncia previa por cuarto año consecutivo, y el de fallecidas que tenían Orden de Protección. También bajan los casos en los que se minimiza el riesgo, por ejemplo reanudando la convivencia.

Homicidios en España 2008-09 en población extranjera

Observamos cómo ha descendido el porcentaje de extranjeras en relación al 2008. Puede ser debido a la aplicación del Plan Especial para mujeres extranjeras víctimas de VdG. No obstante debemos destacar su sobrerrepresentación, pues significando apenas el 6% de total de mujeres en España, suponen más del 30% de fallecidas. Un informe de Amnistía Internacional (octubre 2008) indica que las inmigrantes tienen un riesgo seis veces mayor que las españolas de morir a manos de sus parejas. Las causas de este hecho son diversas, por un lado razones culturales, como son la mayor desigualdad y sometimiento de la mujer en los países de origen, no solo a nivel real sino también legal, así como un mayor desequilibrio en las relaciones de poder entre sexos. Por otra parte el aislamiento al que están sometidas, sin familia, sin redes sociales de apoyo. Además, al vivir con frecuencia en núcleos cerrados, el hombre siente más la presión del modelo cultural del país de origen. A ello hay que añadir la dependencia total respecto al marido, en caso de reagrupamiento familiar o la situación irregular de muchas de ellas. Por último añadimos el factor puramente demográfico: el porcentaje mayor de inmigrantes tienen entre 20 y 45 años, siendo esta la edad más frecuente en esta clase de delitos.

En Andalucía, en 2009, destaca igualmente la sobrerrepresentación de las mujeres extranjeras, porque apenas representan el 6% del total de mujeres y han sido más del 20% de fallecidas. Hecho también observable en Córdoba, donde representan casi un 16% del total de denuncias cuando la población es escasamente de un 3%.

Homicidios en España 2003-09 según edad de las víctimas.

En cuanto a las edades, destacamos que el mayor número de víctimas está entre los 21 y los 40 años. En homicidios representan el 60%. Deberíamos reconocer que algo en nuestra sociedad está fallando cuando observamos cómo la violencia de género se está transmitiendo a las nuevas generaciones. En el año 2009 un 10% de fallecidas, en total 5, tenían entre 18 y 20 años. Además murieron 11 mujeres menores de 30 años. Respecto a la violencia registrada en parejas jóvenes, detectamos un diagnóstico erróneo por parte de las teorías que apostaban por un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones.

Hemos confiado excesivamente en el factor tiempo y en el cambio generacional, pero cuando el problema tiene tras de sí muchos siglos de historia y está arraigado no sólo en las estructuras sociales, económicas, políticas y en los poderes mediáticos, sino también en comportamientos individuales, en costumbres, actitudes y formas de entender las relaciones entre hombres y mujeres, la solución no vendrá sólo de la mano de una ley, por buena que esta sea, ni de cambios superficiales, sino de nuevos modelos de relación de pareja, basados en el respeto, la equidad, la corresponsabilidad y la libertad. Las emergentes nuevas masculinidades tendrán mucho que decir.

Si la solución está en la educación vamos a analizar la forma en que, desde lo más íntimo y profundo, se van construyendo las identidades de chicas y chicos, la importancia que para unos y otras va a tener el amor y las relaciones amorosas, así como su papel en las mismas.

Podríamos encontrarnos con que el llamado postmachismo o neomachismo esté sustituyendo en ciertos sectores al machismo tradicional. En esencia es lo mismo, pero tiene otro discurso, acepta en teoría la igualdad, afirma que ya existe, la admite en algunos campos, pero no la tolera en la práctica, sobre todo de las relaciones interpersonales. Desenmascararlo es tarea urgente, de hombres y mujeres, si queremos construir otro mundo libre de violencias.